Concentración de grandes grupos empresariales: expertos alertan por posible politización de la discusión y un nuevo foco de incertidumbre

La resolución del TDLC que abrirá un expediente para evaluar si realizar una propuesta para regular la concentración económica de grandes grupos empresariales, no dejó indiferente a los expertos.

Francisco Agüero, especialista en regulación económica y competencia de la Universidad de Chile, explica que los expedientes de recomendación normativa siempre habían estado enfocados en industrias específicas y problemas determinados.

Jorge Hermann, economista de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la misma casa de estudios, afirma que el proceso que abre el tribunal “es muy amplio y vago”. Argumenta que, si una empresa tiene poder de mercado, no significa que vaya a existir un abuso de posición dominante, sino que, para que eso ocurra, tienen que haber barreras de entrada, ya sean comerciales o legales.

“Si fuera el caso, ameritaría una demanda contenciosa, sobre un mercado y una empresa en particular. Pero esta cosa vaga, de que el poder de mercado por sí solo pueda afectar la competencia, no es así”, lanza Hermann.

Jorge Fantuzzi, socio de FK Economics, reitera que la discusión es necesaria, pero apunta a que no hay antecedentes que comprueben que la presencia de conglomerados dificulten la libre competencia. “¿Por qué si yo tengo un banco y una empresa eléctrica, se podría afectar el mercado eléctrico? Es necesario justificarlos para proponer una ley”, ejemplifica.

Marcel y posible ley que regule a los grupos económicos: “Es evidente que se necesita una visión de conjunto sobre estos conglomerados”

¿Una discusión política?

Manfred Zink, hoy director del área de Libre Competencia y Regulación Económica de Bofill Mir Abogados y con un reciente paso por la Fiscalía Nacional Económica, desliza que “puede ser necesario tener un debate, pero hacerlo en términos tan amplios dificulta que se base en aspectos técnicos”.

Hermann también cree que el proceso apunta a algo “más político” y afirma que el TDLC cometió un error esta vez.

Karin Moore, coordinadora legal de Clapes UC, pone otros argumentos en la balanza: “Debates que contribuyan a perfeccionar la normativa siempre pueden traducirse en mejoras al mercado. Sin embargo, dependerá de cuál sea el enfoque (...) Si lo que pretende es potenciar el funcionamiento del mercado y la libre competencia limitando el acceso a financiamiento a grandes empresas y restringiendo su progreso para despejar el camino de las más pequeñas, me parece que se estaría cometiendo un error: sería algo así como bajar a las grandes empresas de los patines”.

En la misma línea, su posición es que la norma puede aportar, “pero si no se le da el enfoque adecuado, si priman enfoques ideológicos, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad”. Alerta que hoy hay “incertidumbre en prácticamente todos los frentes y esta nueva arista que se abre con esta eventual norma, no debe transformarse en un nuevo factor”.

Zink complementa: “Debatir en general sobre este tipo de asuntos puede aportar si es que conduce, finalmente, a dotar a nuestra economía de mayor competitividad y productividad. Para esto, se requiere que la regulación sea muy cuidadosa y de esta manera evitar efectos indeseados o no previsibles”.